TRIBUNAL SUPREMO: Detención por indicios, Detención ilegal, riesgo de fuga.

TRIBUNAL SUPREMO: Detención por indicios, Detención ilegal, riesgo de fuga.

6 marzo, 2020 0 Por Erick Nos

HECHOS

La sentencia objeto en el presente recurso de casación condena a los recurrentes como autores responsables, según su respectiva condena, de un delito de detención ilegal, de otro delito de falsificación de documento público y un tercero de coacciones.

En síntesis, se declara probado que con ocasión de una manifestación autorizada y a la que acudió un Ministro de Gobierno de la Nación, se desarrollaron diversos incidentes entre un nutrido número de asistentes a la manifestación y el Excmo. Sr. Ministro, incidentes que fueron controlados por un dispositivo especial de la policía y que motivaron que el Ministro tuviera que abandonar la manifestación.

Tras estos hechos se relata lo acaecido en la comisaría de policía encargada de la investigación, incidentes que se vertebran en torno a lo sucedido en la manifestación y en la adopción de injerencias en la libertad y que se plantean entre el mando orgánico y el funcionario policial inicialmente encargado de la confección del atestado, y que concluyeron, de una parte, con la sustitución de éste último funcionario, y de otra, que se modificaran algunos aspectos del atestado comenzado a instruir, señala la sentencia,abultando el contenido de los hechos del atestado policial, a fin de dotar de un mayor contenido incriminatorio que permitiera la detención de dos personas intervinientes en la manifestación por agresiones al Excmo. Sr. Ministro.

TIPOS DE DETENCION ILEGAL COMETIDA POR FUNCIONARIO

El Código penal de 1995 prevé dos figuras típicas con un contenido de antijuricidad, en principio, semejante y que es preciso clarificar para dar la adecuada respuesta a la pretensión revisora formulada por el Ministerio fiscal. 

El art. 167 del Código penal castiga a la autoridad o funcionario público que fuera de los casos permitidos por la ley y SIN MEDIAR CAUSA POR DELITO, comete alguno de los hechos descritos los artículos anteriores, esto es, la detención ilegal. 

Por su parte, el art. 530 castiga a la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales

DETENCION POR INDICIOS: ¿Y si el detenido luego no es culpable?

La detención es una injerencia en la libertad del ciudadano en la que es necesario que el funcionario policial que la acuerda pueda justificar su realización en los “motivos racionales bastantes”, esto es, que el agente se represente como razonable la perpetración de un hecho punible y la participación en el mismo del detenido. Si esa apariencia se corresponde con una realidad posterior, que ha sido investigada, dará lugar a la incoación del proceso contra el detenido y, en su caso, la condena, pero la ausencia de esa correspondencia con la realidad posteriormente probada no es suficiente para declarar incorrecta la injerencia. Lo relevante es que el autor de la detención aparezca justificado en su acción por la existencia de “motivos racionales”.

El centro de gravedad en el análisis de la injerencia no radica en que el detenido sea EFECTIVAMENTE CULPABLE sino que lo decisivo es comprobar que el funcionario policial se comportó, en la adopción de la injerencia, bajo las previsiones legales, en este supuesto, bajo la cobertura del art. 492 de la Ley procesal penal, es decir LOS “MOTIVOS RACIONALES BASTANTES” SOBRE LA PERPETRACIÓN DE UN DELITO Y SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL MISMO DE UNA PERSONA, la detenida. De manera plástica, algún autor de nuestra doctrina ha denominado a la detención “delito de sospecha” para destacar que lo relevante es que en la actuación policial adoptando una restricción a la libertad aparezca justificada por la existencia de indicios racionales de participación en un hecho delictivo.

En los supuestos en los que el agente realiza la injerencia sin la concurrencia de los presupuestos de la justificación del art. 492 de la Ley procesal entonces realizará el tipo penal del art. 167 del Código penal, bien, como dijimos, porque actúa radicalmente fuera de las previsiones, bien porque los motivos no alcanzan la suficiente racionalidad.

El art. 530 del Código penal, por su parte, refiere actuaciones realizadas por el funcionario público que actúa de manera justificada, “mediando causa por delito”, y sin embargo en su ejecución el funcionario infringe las garantías constitucionales y legales establecidas para esta injerencia en el derecho fundamental a la libertad.

¿COMO DEBEN DE HACERSE CONSTAR LOS INDICIOS RACIONALES?

El ordenamiento jurídico prevé situaciones en la que los funcionarios de policía, y también los particulares bajo ciertos presupuestos, pueden privar a una persona de su libertad deambulatoria, (por ejemplo, por razón de delito, o por razón de seguridad pública), regulándose esas respectivas restricciones en apartados concretos de la legislación, desde las leyes procesales penales, art. 490 y siguientes, a otras de contenido administrativo, incluso civil, cuando se trata de internamiento de enajenados e incapaces, o de naturaleza mixta, de seguridad, como la ley de seguridad ciudadana. Presupuesto de toda injerencia legítima en la libertad es la acomodación al ordenamiento jurídico, concretamente al supuesto de autorización.

Tratándose de detenciones con causa en un hecho delictivo la norma jurídica que habilita es la Ley procesal penal y en ella se exige que el policía judicial actúe bajo la cobertura de un indicio racional de perpetración de un hecho delictivo y de un indicio, igualmente racional, sobre la participación en ese hecho de un concreto individuo; además, es preciso que esos indicios sean razonables, y la forma de expresar esa racionalidad es, habitualmente, LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS MOTIVOS QUE HAN DADO LUGAR A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD. Esta documentación de la racionalidad PERMITIRÁN LA ACTUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL RESIDENCIADOS INTERNAMENTE EN LA PROPIA ESTRUCTURA POLICIAL, Y EN LA JURISDICCIÓN PENAL CUANDO SE INVESTIGA UNA DENUNCIA POR DETENCIÓN ILEGAL.

¿ES NECESARIO QUE EXISTA RIESGO DE FUGA EN DETENCION POR INDICIOS?

Ni la sentencia impugnada, ni las partes en el enjuiciamiento y en la tramitación de este recurso argumentan sobre la necesidad de un peligro de fuga del imputado o del sospechoso para justificar la detención por la policía judicial. Esa falta de referencia es congruente con las exigencias que para la autorización establece la ley procesal. El requisito del peligro de fuga, previsto en el número 3 del art. 492 de la ley procesal, se dispone para los SUPUESTOS EN LOS QUE EXISTA UNA PREVIA IMPUTACIÓN JUDICIAL, por delito que tenga señalada pena inferior a la de prisión correccional, cuando el presunto autor no está a disposición judicial.

En el supuesto de autos no existía una instrucción judicial abierta, por lo que la justificación de la detención por la policía judicial se encuentra en el art. 492.4 de la ley procesal penal que NO PREVÉ, COMO PRESUPUESTO DE JUSTIFICACIÓN, EL PELIGRO DE HUÍDA, sino la concurrencia de los indicios de delito y de participación. En otro orden de cosas, la detención que analizamos presenta ciertas singularidades derivadas del hecho de que son los propios imputados los que comparecen voluntariamente en comisaría de policía, a la que han sido citados telefónicamente, y la detención se limita a su declaración, previa información de derechos, tras la cual son puestos en libertad sin la realización de ninguna otra diligencia de las que, normalmente, acompañan a la injerencia, por lo que el peligro de fuga no fue objeto de valoración alguna y su ausencia justificó la puesta en libertad tras la diligencia de indagación.

¿EL DELITO DE ATENTADO SOLO SE DA EN EL CASO DE QUE EXISTA AGRESION FISICA?

Del contenido de las distintas declaraciones de los testigos del hecho que aparecen en los Autos, también resumidas en el Auto que obra el folio 839 de la causa, se concluye que las personas detenidas eran sospechosas de haber tomado parte en un delito de atentado. La sentencia impugnada incide en un error de subsunción, al entender que el delito de atentado sólo sería punible si se consuma la agresión física a una autoridad, afirmando que el objeto de la investigación policial “era determinar si el referido ministro tal y como él indicaba había sido objeto de agresión” y concluye que no se cumplió la tipicidad del atentado, al no resultar acreditado que el Ministro sufriera una agresión física

ESE PLANTEAMIENTO ES ERRÓNEOEn nuestros precedentes jurisprudenciales hemos destacado la naturaleza de delito de atentado como delito que se perfecciona con el simple ataque punible, aunque el acusado no logre el objetivo deseado (STS 7.8.2002), realizado contra una autoridad, agente o funcionario público en el ejercicio de sus funciones o “con ocasión de ellas” o, como señaló la STS de 6 de marzo de 1990, “o sufriendo las consecuencias de haberlas ejercido”, consistiendo la conducta típica en el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave, o resistencia grave, expresiones que la jurisprudencia de esta Sala ha interpretado, según los concretos supuestos fácticos, con una casuística que incluye la agresión física, los empujones graves, los zarandeos, el hecho de arrojar objetos, el acometimiento, etc.. Cualquier repertorio de jurisprudencia nos permite dar contenido a las expresiones típicas de manera que el presupuesto fáctico del delito de atentado no es, exclusivamente, la agresión física, sino que incluye otras formas de agresión y acometimiento que supongan un menosprecio y un ataque a la dignidad de la función publica.

CONCLUSIONES

En el presente caso, se recibe la denuncia, elaborada por las propias notas informativas internas de la policía, se realizaron indagaciones entre los miembros del dispositivo de seguridad, se atendieron a otras declaraciones sobre los hechos, se incorporaron partes médicos de lesiones, se visionaron fotografías y grabaciones en las que se comprueba la presencia de los detenidos, portando una bandera que dirigen al entorno del Ministro. Estas dos personas identificadas fueron citadas para continuar la investigación en la comisaría de policía donde se estaban investigando los hechos. La ejecución de estos hechos realizados sobre la autoridad y las condicionen en las que se produjo autorizaban, sin duda, la injerencia adoptada en el curso de unas funciones propias de policía judicial y que, en modo alguno, puede ser calificadas de arbitrarias y, por lo tanto, típicas del delito detención ilegal.

En conclusión: la detención estaba justificada pues, como se ha expuesto, se dieron las condiciones previstas en el art. 492.4 de la Ley procesal; el jefe de la unidad policial tenía competencia para actuar sustituyendo el inspector que actuó inicialmente, conforme resulta del art. 285 de la Ley procesal, según analizamos en el anterior fundamento de esta Sentencia; y las declaraciones de los imputados eran necesarias conforme al art. 292 de la Ley procesal penal.

Consecuentemente, el motivo del Ministerio fiscal se estima y en la segunda Sentencia se absuelve a los condenados por este delito.

INTERESANTE VOTO PARTICULAR DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARCHENA GÓMEZ sobre el riesgo de fuga

De acuerdo con el entendimiento mayoritario de mis compañeros de Sala, “…el requisito del peligro de fuga, previsto en el número 3 del art. 492 de la Ley procesal, se dispone para los supuestos en los que exista una previa imputación judicial (…) en el supuesto de autos, no existía una instrucción judicial abierta, por lo que la justificación de la detención por la policía judicial se encuentra en el art. 492.4 de la Ley procesal penal que no prevé, como presupuesto de justificación, el peligro de huída, sino la concurrencia de los indicios de delito y de participación”.

Esta línea de razonamiento, en mi opinión, autoriza dos conclusiones no exentas de riesgo. La primera, que la detención policial está sometida a menos presupuestos de justificación que la detención acordada en el seno de un procedimiento judicial. La segunda, que todo sospechoso de un hecho punible, por el solo hecho de serlo, puede ser legítimamente privado de libertad por los agentes de policía.

Es perfectamente posible, desde luego, diferenciar entre la detención policial y la detención judicial. Estamos en presencia de lo que se ha llamado una detención preventiva, esto es, aquella que se acuerda por propia iniciativa de los agentes de policía que, precisamente por ello, han de realizar por sí el examen de la concurrencia de los requisitos que justifican la privación de libertad. Distinto es el caso de la llamada detención provisional, decidida por la autoridad judicial (art. 487 LECrim) o el Ministerio Fiscal (art. 5 Ley 50/1981, 30 de diciembre) y ejecutada por los agentes, que no deben entrar a ponderar otras cuestiones que las referidas a la competencia propia y del ordenante, así como las atinentes a las formalidades de la emisión del mandamiento y la ejecución misma de la detención.

Pero lo que me parece más que dudosa es la posibilidad de que esa distinción tenga por objeto debilitar los presupuestos justificativos de la privación de libertad acordada por la policía y, sin embargo, enfatizar su relevancia cuando se trata de una detención que se produce en el marco de un proceso judicial y toma como punto de partida una previa imputación judicial. (…) 

En mi opinión, no existe la incongruencia que se señala. Es más, considero perfectamente factible estimar que la citación en concepto de imputado era procedente y, sin embargo, la adopción de una medida cautelar era arbitraria. Dicho de otra forma, todo detenido ha de ser previamente imputado, pero no todo imputado ha de ser necesariamente detenido. (…)

En mi opinión, pues, la acreditada ausencia de dos de los presupuestos que legitiman la privación de libertad por los poderes públicos, en el marco de una investigación criminal, convierte en antijurídica la detención de Millán y Silvia . Respecto de esta última, incluso, su privación de libertad como posible autora de un delito de injurias o amenazas -hechos sancionados con pena de multa- además de injustificada, representó la quiebra del principio de proporcionalidad. De ahí que concluya la corrección del criterio de la Sala de instancia cuando estimó que los acusados Julián y Pablo eran autores de un delito de detención ilegal previsto en los arts. 167 y 163.2 del CP.


FUENTE: STS 626/2007

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