REGISTRO EN DOMICILIO DE PERSONA JURÍDICA

REGISTRO EN DOMICILIO DE PERSONA JURÍDICA

4 julio, 2020 0 Por Erick Nos

¿Es necesario solicitar orden judicial para el registro del domicilio de una persona jurídica?

Tras la inclusión de este cuarto apartado al art. 554 de la LECrim  por la Ley 37/2011, numerosas dudas existen todavía en los contextos policiales sobre el concepto de domicilio de personas jurídicas.

Entonces, un policía ¿no podría realizar sin la correspondiente orden judicial un registro en la oficina de un establecimiento en el caso de un delito de tráfico de drogas? la STS 125/2014 de 20 de febrero explica de forma muy pedagógica cómo entender este precepto.

Ley de enjuiciamiento criminal

Artículo 554.

Se reputan domicilio, para los efectos de los artículos anteriores:

  1. Los Palacios Reales, estén o no habitados por el Monarca al tiempo de la entrada o registro.
  2. El edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia.
  3. Los buques nacionales mercantes.

  4. Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros.

 

Hechos

Tras un dispositivo policial de vigilancia mixto, uniformado y de paisano, organizado sobre el bar Petit Blau y en sus alrededores por noticias vecinales de que el indicado bar se utilizaba para realizar tráfico de hachís y cocaína se procedió a la realización del registro del citado bar. 

De estos hechos la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a los recurrentes como autores responsables de un delito contra la salud pública, sentencia que fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. 

Recurrente

Para la parte recurrente existió vulneración de su derecho a la presunción de inocencia alegando que el registro efectuado por los agentes en el bar que regentaba no se ajustó a las exigencias legales ya que existían espacios de intimidad cuya invasión hubiese requerido autorización judicial. Añadiendo que en establecimientos abiertos al público pueden concurrir zonas reservadas a sus titulares y no accesibles para cualquiera, donde pueden guardarse elementos ligados a la privacidad. Existiendo nichos de intimidad. Que al no limitarse los agentes a la entrada y registro de esos espacios ajenos a la intimidad y fisgonear en esos otros reductos inequívocamente privados (cajones, v.gr.) se habría vulnerado el derecho fundamental a la intimidad ( art. 18 CE ). Debieran haber contado con un plácet judicial que no recabaron.

Fundamentación del Tribunal

Para el tribunal este planteamiento del recurrente en abstracto era correcto y desarrollado con habilidad. Pero afirma que de sus premisas no se puede llegar a las conclusiones que pretendía extraer.

Según el tribunal La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental que tiene que ver con la privacidad e intimidad. Pero privacidad e intimidad no se agotan ahí. Existe intimidad fuera del domicilio. Hay o puede haber espacios de privacidad en artilugios (máquina de fotos, ordenadores); en un vehículo; en una maleta; en los papeles que se guardan en el bolsillo de la americana; en el conocimiento por otros de circunstancias personales compartidas con ellos… Pero no toda afectación de la intimidad impuesta por la investigación de un delito reclama autorización judicial específica, o consentimiento del afectado. Así lo demuestra pensar en las hipótesis sugeridas (se interviene una máquina de fotos, se ocupan los documentos que portaba el detenido; o la policía interroga a un testigo recabando datos privados de otra persona relevantes para la investigación). La Constitución solo ha anudado esa exigencia previa de manera expresa a la entrada y registro domiciliario (inviolabilidad del domicilio) y a la intervención de las comunicaciones (preservación de su secreto). El legislador puede añadir más supuestos. Pero la ecuación afectación de la intimidad- necesidad de autorización judicial previa no es exacta.

Incide en que la afectación de un derecho fundamental por sí sola no es argumento siempre suficiente para postular como presupuesto imprescindible la previa autorización judicial salvo explícita habilitación legal (vid SSTC 206/2007, de 29 de septiembre , ó 142/2012, de 2 de junio , citadas por recurrente y Audiencia respectivamente). Que una actuación pueda menoscabar la intimidad -registro de una maleta o unos papeles- no significa a priori y como afirmación axiomática que no pueda ser acordada por autoridades diferentes de la jurisdiccional. La jurisdiccionalidad es exigible en algunos casos; en otros, no.

Según la parte recurrente, todo registro en un lugar donde puedan custodiarse papeles o documentos que se quieran mantener reservados a terceros requerirían orden judicial y de hecho para el tribunal no andaba desencaminada la argumentación del recurrente evocando el art. 554.4 de la LECrim puesto que considera que la reforma del precepto no ha sido del todo afortunada. Ya que según el propio tribunal introduce algunas dosis de incoherencia interna que el recurrente ha sabido aprovechar y que está claro que la Constitución y la Ley limitan la exigencia de autorización judicial a la entrada en lo que constituye el domicilio, lo que supone excluir ese presupuesto de otros lugares o ámbitos (un vehículo, un local comercial, un almacén…) salvo previsión expresa. El legislador ordinario ha extendido la exigencia a otros casos particulares entre los que se encuentra el introducido en 2011 solo para las PERSONAS JURÍDICAS IMPUTADAS. 

De hecho, según el tribunal no se entiende muy bien qué razones adicionales confluyen para una tutela reforzada cuando estamos ante una persona jurídica imputada, que no concurran también cuando lo que se registra es la sede de una persona jurídica no imputada ya que el que exista imputación o no depende solo del tipo de delito añadiendo que idéntica tutela debiera dispensarse a la persona jurídica imputada que a la no imputada.

Como ejemplo se pone el registro de una oficina aneja a una tienda, donde también se guardan soportes de la industria o negocio, no exige mandamiento judicial si el titular del local es una persona física o una persona jurídica no imputada. Se pueden registrar esos lugares para esclarecer un delito no imputable a una persona jurídica (v.gr. una apropiación indebida); pero no si se tratase de una estafa, lo que no parece lógico.En ambos casos el derecho a custodiar es el mismo y la finalidad de su limitación idéntica: exigir responsabilidades penales.

La “privacidad” de una persona jurídica no se robustece cuando se convierte en posible responsable penal. Tan tutelada ha de estar la intimidad de las personas jurídicas no imputadas como la de las imputadas. Sin embargo a tenor de la ley sólo es predicable ese concepto ampliado de domicilio a estos efectos de la persona jurídica imputada, y por tanto sólo respecto de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal de entes morales. La disposición encierra, sin duda, incoherencias. Pero no pueden salvarse por la vía que propone el recurrente: extender las incoherencias a otros supuestos en contradicción con la clara normativa legal. No puede proyectarse esa previsión sobre supuestos diferentes a los contemplados en ella: ni sobre estancias o negocios abiertos al público, ni sobre sedes de personas jurídicas cuando las mismas sean ajenas a la imputación.

Resumen

En definitiva, no puede proyectarse esa previsión más allá de su ámbito específico siendo este el
DOMICILIO DE PERSONAS JURÍDICAS IMPUTADAS.

“la autorización judicial está pensada para proteger ese primer reducto de privacidad que es la morada,
NO PARA PONER TRABAS A LA INVESTIGACIÓN PENAL.”

Tribunal Supremo. Sala de lo Penal STS 125/2014 de 20 de Febrero
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